El escándalo por las compras sobrevaloradas y “bambas” de elementos de bioseguridad en la Policía, en plena pandemia, no solo fue un duro golpe a esta institución tutelar; sino que, además, pone en tela de juicio los procedimientos y filtros al interior de esta entidad del Estado para la contratación de bienes o servicios, los cuales deben regir en amparo a las normas.
En esa línea, Correo indagó sobre los principales proveedores beneficiados en la Policía y detectó que existe un factor común entre ellos: ser parientes directos de oficiales y suboficiales en actividad, lo cual es señalado como un impedimento para contratar con el Estado, de acuerdo al Artículo 11 (literal f) de la Ley de Contrataciones N° 30225.
Si bien en un inicio la búsqueda de proveedores beneficiados se centró en el año 2020 durante la pandemia, se pudo encontrar que los contratos se han venido registrando de manera sistemática año tras año, para lo cual también llegaron a conformar empresas; registrando, incluso, como domicilio fiscal direcciones donde no se evidencia el giro de algún negocio de bienes o servicios.
