El último reporte de la Defensoría del Pueblo, publicado en marzo, da cuenta de 203 conflictos sociales: 157 activos y 46 latentes. La mayoría de estos se concentró en la segunda mitad de 2021 en torno a la minería, que el gobierno de Pedro Castillo ha sido incapaz de conciliar o resolver en casi nueve meses de gestión, según un análisis de la Asociación de Contribuyentes.
Estimaciones del Banco Central de Reserva (BCR) revelan que las protestas le habrían costado a la minería unos 2.3 puntos porcentuales de crecimiento en 2021. Es decir, la actividad minera, que avanzó 9.7% el año pasado, se hubiera expandido 12% sin conflictos sociales.
De acuerdo con cálculos del Instituto Peruano de Economía (IPE), esto significa S/1,500 millones en pérdidas el año pasado para la minería, que es el motor de la economía nacional. En los últimos 10 años, esta actividad aportó casi el 9% del PBI, el 59% de las exportaciones, el 15% de la inversión privada y el 10% de los ingresos tributarios. Esto significa también menos ingresos para las regiones para el cierre de brechas sociales y menos empleo, en un contexto de súper ciclo de precios de los metales.
