En tan solo tres días, el gobierno de Pedro Castillo se ha encargado de designar a más de 20 asesores ministeriales, entre otros funcionarios, que no brillan por su experiencia, sino por su prontuario. Hay investigados por la Fiscalía, un condenado y otros cuestionados personajes muy cercanos a Vladimir Cerrón, el dueño de Perú Libre.
GRAJEDA: el recolector
Entre las designaciones más polémicas está la de Braulio Grajeda Bellido como viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros. El excandidato al Congreso por Perú Libre fue –junto a Dina Boluarte– uno de los encargados de recaudar fondos para pagar la reparación civil de Cerrón. El abogado, militante del partido desde 2016, creó una cuenta mancomunada para recolectar el dinero, cuya fuente estaría en las actividades ilícitas de Los Dinámicos del Centro.
MARRUFO: “MALDITO DEL AZÚCAR”
En el Ministerio de Vivienda, la controversia es más grande. Después de que se dejara sin efecto la designación de Jack Salazar, vinculado a una red dedicada a realizar trampas en exámenes de admisión, se colocó de manera exprés a Salatiel Marrufo Alcántara como jefe de asesores de la cartera.
Sin embargo, el flamante asesor es investigado por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal en el caso denominado Los Malditos del Azúcar. Marrufo está relacionado a empresas azucareras como Tumán, de la que fue apoderado.
FALLA: HACÍA REVISIONES TÉCNICAS BAMBAS
Por otro lado, en el Ministerio de Transportes, el ministro Juan Silva designó a Alberto Falla Avellaneda como director ejecutivo del programa ProMovilidad. Pero lo que más llama la atención es que este funcionario es dueño de Retecsur S.A.C, una empresa que fue clausurada por la Sutran tras detectarse que emitía certificados de inspección técnica vehicular a unidades que no habían pasado la respectiva inspección. En otras palabras, emitía certificados bambas.
RUBIO: condenado por atropello
La designación de Mario Rubio Uriarte como secretario general del MTC también es cuestionable. Tiene una sentencia por daños y prejuicios por atropellar a una persona en 2003. Además, ese mismo año recibió una papeleta por conducir bajo estado de ebriedad.
Otra de las joyas en esta cartera es la nueva directora ejecutiva de Provías Descentralizado, Natalia Jiménez Velásquez, hija del excandidato al Congreso por Tumbes de Perú Libre Manuel Jiménez. Tiene 27 años y es abogada titulada desde 2019. Pero no tiene ninguna experiencia en el sector.
